El aparato represivo contra las personas migrantes.

La política migratoria del Estado Español está inscrita en la política migratoria europea y básicamente regulada por la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Esta ley regula que las personas extranjeras que quieran entrar en territorio español deberán ir acreditadas con pasaporte y visado. Ese visado es expedido en las oficinas consulares españolas en los países de origen. Y ahí comienza el gran lío. En términos generales podemos decir que si vienes de un país “pobre”, tienes muy difícil que se te conceda el visado. Si a un turista español le pidieran lo mismo que a un turista peruano o senegalés, el turismo español descendería dramáticamente.

Ese pequeño documento, el visado, es la clave del atentado contra el derecho a la libre circulación de las personas que hacen los estados europeos y, en concreto, el español. Es lo que explica que tantos miles de personas traten de entrar a Europa saltándose los puestos fronterizos.

Así queda establecida la figura del/de la “inmigrante ilegal”.

Por supuesto, no existe un registro de cuántas personas residen “ilegalmente”  en territorio Español. Estimamos que algo más de medio millón de personas.

Esas personas, que no tienen permiso de residencia, carecen por tanto, de diversos derechos, el más llamativo, el derecho al trabajo. Por lo tanto se ven obligadas a trabajar informalmente. El cliché  más difundido es el de los manteros, pero hay mucho más empleo sumergido de trabajo doméstico. También son famosos los trabajos en agricultura.

Sobre esas personas se cierne un aparato represivo que vamos a caracterizar a grandes rasgos.

Detenciones En primer lugar tenemos las detenciones.

Según el informe de 2018 del Mecanismo nacional de prevención de la tortura, ahora llamado Mecanismo nacional de prevención, una de las funciones del Defensor del Pueblo, en 2018 fueron detenidas 74,244 personas extranjeras por “infracciones a la Ley Orgánica 4/2000”, es decir, por estar en situación de irregularidad administrativa; un tercio aproximadamente del total de detenciones efectuadas. Hay que destacar que no se trata de 74.244 delincuentes detenidos, ya que la residencia ilegal es sólo una falta administrativa, equivalente jurídicamente a no haber pasado la ITV o a saltarse un semáforo en rojo. Resulta llamativo tanto trabajo policial no dedicado a perseguir la delincuencia.

Destacamos que aquí están incluidas lo que llamamos “redadas racistas”, algo que oficialmente no existe, que consiste en identificar personas por ejemplo de raza negra en una estación de ferrocarril simplemente para terminar de llenar un vuelo de deportación que va a salir rumbo a Nigeria tres días después. La idea es detectar personas sobre las que conste una orden de expulsión para poder deportarlas de inmediato.

Es fácil deducir que si ha habido en un año más de 74,000 detenciones, habrá habido muchísimas más identificaciones.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros

Estos centros según todos los juristas consultados, son una aberración jurídica, ya que suponen privar de libertad de movimientos hasta 60 días a personas que no han cometido ningún delito.

Su única finalidad legal es “garantizar la ejecución de la medida de repatriación dictada contra una persona extranjera”.

El informe del Mecanismo nacional de prevención nos muestra la siguiente paradoja:

Número de extranjeros que durante 2018 han sido internados en los CIE, y número de los que han sido repatriados por nacionalidad y sexo: muestra un total de 7.855

Esta tabla, contrariamente a lo que indica su nombre, no diferencia el dato de internados del de repatriados. La Tabla 11, que sería el mismo dato por CIEs, no ha sido posible según el informe: “Se solicitó de la CGEF (Comisaría General de Extranjería y Fronteras,) que desglosara por CIE las personas internadas y las personas repatriadas, en ambos casos por nacionalidad y sexo. Al cierre de este informe no se había remitido completa dicha información, a pesar de haber sido reiteradamente solicitada”.

Según informes de años anteriores, más de la mitad de los internados en CIEs no son deportados, simplemente están durante dos meses privados de libertad de movimientos.

Menores extranjeros identificados en CIE durante 2018: 88.

Las deportaciones

Y el paso final, del aparato represivo, son las deportaciones, la negación más palmaria del derecho a la libre circulación de las personas, el último paso del atentado contra los derechos humanos del aparato represivo.

En el año 2018 se contabilizaron 63.054 entradas irregulares en España.

Se incoaron 58.549 expedientes de devolución y expulsión.

Finalmente, se expulsaron 4.739 personas.

Para completar el repaso de mecanismos del aparato represivo, tenemos 

Rechazos en frontera: 9.504

A este respecto tenemos que lamentar el giro reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha pasado de condenar las devoluciones en caliente a, lisa y llanamente, justificarlas.

Las otras cifras…

Otras cifras que no constan en este informe son las de las consecuencias: ¿cuántas personas mueren en el camino tratando de entrar en Europa? Tanto en el trayecto terrestre por África como en el Mediterráneo, la gran cifra es la de personas muertas por una política migratoria diseñada contra los Derechos Humanos.

Recopilando…

Tenemos en 2018

  • 63.054 entradas irregulares
  • 74.244 detenciones
  • 7.855 ingresos en CIEs
  • 58.549 expedientes de devolución y expulsión
  • 4.739 expulsiones.

Sólo con estos datos en la mesa, uno se pregunta ¿todo esto para qué?

Es evidente que semejante aparato represivo no se justifica para deportar a menos de 5.000 personas.

Pensemos en el coste que tienen los vuelos de deportación, el mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla, el de los Centros de Internamiento de Extranjeros, el de toda la burocracia asociada, el de personal de cuerpos de policía y guarda civil, los acuerdos con Marruecos, Senegal, Mali, etc.… ¿todo esto es para deportar a 4.739 personas de un total de 63.054 personas que han entrado irregularmente?

Obviamente, no. La consecuencia directa del aparato represivo es que va creando una población sin derechos, atemorizada, que huye de la vista de la policía, que puede ser explotada sin que denuncien ni se quejen, que es cotidianamente maltratada. La principal función de este aparato represivo millonario es mantener atemorizada a la población inmigrante irregular. Que nos expliquen qué tiene esto que ver con “respetar los derechos humanos”.

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En la sección “Personas”, entrevistamos a Laura Lizancos, coordinadora de proyectos de Families 4 peace, que nos cuenta los diferentes proyectos que llevan en marcha, en especial la situación en Lesbos, Grecia.
Nuestra corresponsal de la 2º Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia, Marisa Fernández, no cuenta las novedades, en los últimos días de marcha.
Sonaron las canciones de Celtas Cortos, El emigrante y La Comparsita de Gerardo Matos.

(Nota: debido a un fallo técnico no se pudo grabar una pequeña parte del programa, por lo que el audio empieza con la canción El emigrante de Celtas Cortos.)


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